Como recordareis, el pasado mes de noviembre, el Perú tuvo tres gobernantes en diez días. Uno de ellos duró apenas seis. Y no sabemos si el actual y declarado admirador de terroristas, Francisco Sagasti llegará hasta abril, el mes en el que están programadas las elecciones generales. Y si lo hace, ¿quién lo seguirá? ¿Otro oportunista y advenedizo como el? Si ello ocurre, el país seguirá siendo ingobernable. Perú ha vivido ocho golpes militares en el siglo XX. Pero en las últimas dos décadas, el país andino daba la apariencia de haberse convertido en una democracia relativamente estable, con una leve disminución en los índices de pobreza y un crecimiento económico sostenido. Y, sin embargo, la corrupción se mantuvo profundamente enraizada. Cinco presidentes recientes - García, Toledo, Humala, Kuczynski, Vizcarra - estuvieron (en el caso del primero, quien se quito la vida en su guarida para evitar ser detenido por la policía) o están siendo investigados por acusaciones de aceptar pagos ilícitos de Odebrecht, la megaempresa de construcción brasileña que corrompió a todos los países de la región. Ello dio origen a una intensa campaña anticorrupción que sosegó la indignación pública, exacerbando el gusto por el canibalismo político. De esta forma, todos los esfuerzos de limpiar el pantano han terminado en caos. Y detrás de ello hay un enigma crucial: ¿Cómo combatir la impunidad cuando todo el sistema político está podrido completamente, incluyendo a los mismos políticos que, se supone, deben generar los cambios necesarios? Es, naturalmente, una situación complicada, en la que se juega la estabilidad de la nación. En este escenario, el drama peruano tiene una seria advertencia para América Latina, una región donde la corrupción se encuentra muy extendida. Esto invita a los ciudadanos a desconfiar de cualquier campaña que se presente de ciertos candidatos de oscuro pasado como una cruzada heroica para erradicar la corrupción “prometiendo penas más severas para los funcionarios corruptos”, algo que nunca ocurrirá, a menos que sea claro, su adversario político. En el Perú, la guerra política alcanzó un punto crítico en los últimos tres meses. Nada estaba fuera de la mesa en la lucha por eliminar a los rivales, incluidas nuevas formas de golpes de Estado. No había necesidad de usar a las fuerzas armadas cuando la Constitución provee algunas lagunas convenientes. Por ejemplo, la oposición en el Congreso puede vacar con rapidez a un presidente con la causal de incapacidad moral permanente, un concepto ambiguo que podría referirse tanto a la aptitud mental como moral de un mandatario. Así tenemos el caso del conocido lobbysta y Traidor a la Patria, Pedro Pablo Kuczynski, un banquero de inversión retirado de Wall Street, quien fue elegido presidente en el 2016 por un periodo de cinco años, pero que luego de menos de dos años en el cargo, fue forzado a renunciar cuando iba a ser vacado por el Congreso, al descubrirse sus profundos nexos con Odebrecht. Entretanto Keiko Fujimori, hija del genocida Kenyo Fujimori (condenado ejemplarmente a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad) y cabecilla de Fuerza Popular, quien había sido derrotada en las elecciones presidenciales por un margen muy estrecho, se negó a aceptar los resultados alegando fraude aunque sin pruebas para demostrarlo, usó la mayoría de su bancada en el Congreso para destituir a Kuczynski acusándolo de corrupción, quien desde entonces debido a su avanzada edad - 82 años - ha permanecido bajo arresto domiciliario. Lo que Keiko no imagino es que promoviendo la caída de PPK origino la llegada a Palacio de un miserable traidor, ladrón y oportunista como Martín Vizcarra - vicepresidente de Kuczynski - quien conspiró abiertamente junto con la mafia para destituir a su jefe, pero que a continuación en nombre de una hipócrita “cruzada anticorrupción”, arremetió contra sus socios del delito, disolviendo ilegalmente el Congreso en septiembre del 2019, una decisión radical que destruyó el equilibrio de poderes en el país posibilitando la instauración de una brutal dictadura. Esto le permitió a Vizcarra gobernar demagógicamente por decreto durante más de seis meses. Como era de esperar, el golpe fue “justificado” por aquellos sectores de la izquierda totalitaria que lo vieron como una medida necesaria “para impulsar una reforma política” mediante el llamado a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución de carácter estatista. No es de extrañar por ello que la corte más alta de la nación, el Tribunal Constitucional - liderada por la hija del terrorista Genaro Ledesma - aprobara el asalto a la democracia realizado por Vizcarra. A continuación se celebraron elecciones legislativas y, en marzo se instaló un nuevo Congreso, que no resulto como el déspota esperaba, dócil y sumiso a sus deseos. El infeliz pretendía eternizarse en el poder, presentándose inconstitucionalmente a las elecciones generales programadas para el 2021 donde mediante el fraude buscaba ser “reelegido” pero su mundo de fantasía se vino abajo cuando en noviembre, los medios noticiosos locales publicaron sendos reportajes en los que se le acuso de aceptar sobornos de constructoras cuando fue gobernador de Moquegua. Siguiendo las leyes del karma, el Congreso lo destituyó ignominiosamente. Unos días más tarde, un juez le prohibió salir del país por 18 meses a consecuencia de las investigaciones por corrupción en su contra. Desesperado y para evitar ingresar a la cárcel, el muy cobarde sorprendió a los incautos peruanos al anunciar que se presentaría en las próximas elecciones para el Congreso con un partido corrupto, cuyos integrantes votaron paradójicamente a favor de su vacancia. Cree que si resulta electo congresista, tendrá algunos años de protección legal para evitar ir a prisión, acogiéndose al privilegio parlamentario contra el que luchó con tanto fervor cuando usurpaba el cargo en Palacio. No es de extrañar que “la cruzada contra la corrupción” que el encabezo terminó en una farsa. Una desilusión para millones de ciudadanos que creyeron en Vizcarra; una señal de advertencia y una situación embarazosa para sus partidarios incondicionales y los medios de prensa vendidos al Poder que apañaron a un delincuente que llevó al país al borde del abismo para su beneficio personal. Hay una lección que los peruanos deben aprender de la debacle de Vizcarra. Necesitan tener convicciones democráticas firmes para evitar volver a ser engañados por demagogos autoritarios como ese vil sujeto. Las élites liberales y las figuras democráticas más respetadas deben liderar el camino para reconstruir el país. Los medios de comunicación y la sociedad civil deben tener la humildad e integridad para reconocer el daño ominoso que han causado con su respaldo ciego a un charlatán oportunista que en solo dos años arruinó al país y destruyó los avances tan arduamente ganados en su camino al progreso y la estabilidad. Por casi dos décadas, la economía peruana creció a un promedio de 4,5. Pero cuando Vizcarra usurpo el cargo, ese porcentaje disminuyó al 2,3 por ciento antes de que la pandemia del Coronavirus se extendiera, lo que causó una caída de 11,5 por ciento, una de las mayores en la región. Los índices de pobreza, que se habían reducido constantemente durante tres décadas, están aumentando de nuevo a un ritmo alarmante. Para empeorar las cosas, debido a la incapacidad del vizcarrismo para enfrentarlo, el Perú ha tenido una de las tasas de mortalidad más altas del mundo por la COVID-19, donde más de cien mil peruanos han perdido la vida. En la sociedad peruana persisten profundas raíces autoritarias. Alan García, alcanzó sus mayores índices de popularidad cuando en 1986, siguiendo sus órdenes, las fuerzas armadas aplastaron sangrientamente unas protestas en penales, en donde murieron alrededor de 300 prisioneros que habían sido integrantes de Sendero Luminoso. Kenyo Fujimori se convirtió en una especie de “héroe nacional” cuando desplegó tanques para disolver el Congreso en abril de 1992 e instauro una sangrienta dictadura donde la vida no valía nada, asesinando a mas de 70 mil peruanos durante su “guerra contra el terrorismo” que fue un genocidio sistemático realizado tanto por “las fuerzas del orden” como por grupos paramilitares. No cabe duda que los peruanos no aprendieron la lección y apoyasen una vez más a otro golpista como Vizcarra cuando vulneró la Carta Magna. Los diez días que sacudieron al Perú en noviembre son solo un pico dramático de la decadencia de su decadente clase política. No hay sistema que pueda sostenerse cuando su Constitución es usada para propiciar el abuso de poder. Las instituciones están en ruinas. La presidencia ha sido denigrada hasta el infinito y carece de legitimidad. Los peruanos están desmoralizados y hartos de políticos deshonestos que se traicionan unos a otros en medio de una pandemia letal. Lo triste de todo es que engañados por los mismos medios de comunicación que sostuvieron a Vizcarra, estos vagos y malvivientes desataron el terror y la violencia en las calles de Lima liderados tanto por MOVADEF (organismo de fachada de Sendero Luminoso) como por el vizcarrismo. Como consecuencia de ello, dos delincuentes requisitoriados por la policía murieron en las protestas obligando a la salida del presidente constitucional Manuel Merino, quien lamentablemente dio un paso al costado en lugar de emplear la mano dura para imponer el orden. Su sucesor, un terrorista convicto y confeso - Sagasti - espera durar lo suficiente para entregar el cargo al próximo presidente electo. En estas circunstancias, el 11 de abril (fecha en la que están planeadas las elecciones generales, si es que llega a realizarse en esa fecha ya que hay rumores que de puede ser aplazado so pretexto de la pandemia) luce lejano. Muchos peruanos han dicho que no están interesados en ninguno de los candidatos enlistados en las boletas en unos comicios que no ofrecen una esperanza tangible para mejorar la situación del país. ¿Quién puede culparlos, considerando el evidente deterioro de la calidad de los candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso? El candidato oficialista es un mantenido por su mujer y sin trabajo conocido. Tres candidatos presidenciales han sido acusados de corrupción o asesinato y decenas de aspirantes al Congreso están siendo investigados por penas administrativas o criminales. A todas luces, un panorama desolador. En las vísperas del bicentenario de la Independencia del Perú, la cuestión de su gobernabilidad democrática ha empañado cualquier motivo de celebración. Construir las bases de una república democrática sigue siendo una promesa elusiva :(
