En lo que constituye una abierta apología al delito por su llamado a la sedición, el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, cabecilla de Perú Libre (aquel organismo de fachada de Sendero Luminoso) para quien precisamente la DINCOTE ha solicitado su detención inmediata por sus conocidos lazos con el narcoterrorismo y que en realidad es el que manda entre las sombras en el país andino a pesar de que nadie lo ha elegido, ha lanzado una amenaza contra la frágil institucionalidad democrática existente en el Perú, al que el filosenderista Pedro Castillo desde que accedió al poder mediante el fraude, haya intentado destruirlo en todas las formas posibles, para instaurar en su lugar su tan soñada “república popular de nueva democracia”, siguiendo las enseñanzas de su idolatrado líder Abimael Guzmán, aquel maldito genocida senderista muerto en prisión y al que Castillo no pudo llegar a “indultar” como era su máximo deseo. En efecto, previendo que el Congreso en uso de sus atribuciones iba a enviar al archivo ese disparatado proyecto de reforma constitucional (que buscaba abrir la posibilidad de que se consultara a través de un referéndum, la convocatoria a una asamblea constituyente, que redacte una nueva constitución de corte comunista), ese facineroso amenazo días antes con poner en práctica su “Plan B”– que no es otro que el uso de la violencia terrorista – lo cual ha vuelto a poner sobre el tapete el nulo compromiso que existe de su parte con el sistema institucional que sostiene la democracia. Como recordareis, este impresentable sujeto dijo en esa ocasión: “Nosotros reafirmamos desde que se fundó el partido que en el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la actual Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o sea por una vía no pacífica ”. Pero de nada le valió, porque la Comisión de Constitución del Congreso tal como se esperaba, lo desechó por abrumadora mayoría. Por los pronunciamientos antes de la votación de los voceros de las distintas bancadas presentes en la referida comisión, era previsible el desenlace que la discusión luego en efecto tuvo, así que Cerrón era consciente a esas alturas de que, aparte de ser inconstitucional, la opción de la “vía pacífica” impulsada en ese momento por el régimen era inexistente. Visto así las cosas, en la práctica, estaba dejando abierta - y como única salida posible - la “vía no pacífica”, es decir, la violenta, mediante el uso de las armas que proveería a los miles de indios que viven en los cerros de miseria que rodean Lima “quienes bajarían de los cerros para desatar el terror en las calles” según ‘predijo’ ese viejo senil de Aníbal Torres. Un camino que obviamente, es consistente con la prédica asesina de muchas de las organizaciones terroristas marxistas-leninistas que han existido y que cual muertos vivientes aun pululan alrededor del mundo, que en el pasado reciente dejaron un saldo de destrucción y muerte también en el país. Si a esa afirmación agregamos la observación –suya también– de que Castillo está actualmente “encorsetado” por distintas leyes que fueron hechas para que “no pueda cambiar las cosas”, lo que tenemos es una clara sugerencia de romper el ordenamiento legal valiéndose del uso de la violencia, lo que a todas luces es una abierta apología al crimen. Máxime si en entrevistas concedidas poco tiempo antes, el mismo Cerrón había hablado de un “plan B” que sería puesto en marcha si el Congreso archivaba el malhadado proyecto en cuestión, tal como sucedió a pesar de sus vociferantes amenazas. El aludido mecanismo de la violencia es un viejo conocido de los sectores totalitarios: “si la democracia no les permite alcanzar sus objetivos, el problema es la democracia y hay que echársela abajo apelando a cualquier recurso”. Apelar o incitar a la violencia armada es un delito punible por Ley. Pero, además, hay que denunciar el argumento tramposo que subyace a ese torcido razonamiento, insinuado por varios voceros del oficialismo, de que esta se justificaría por el hecho de que en este caso no se estaría dejando a las mayorías o al “pueblo” expresar su voluntad. La verdad es que las mayorías y minorías se expresaron ya al elegir a los congresistas que componen hoy la representación nacional. Y los eligieron para que hiciesen aquello que la ley les señala: entre otras cosas, evaluar la calidad y constitucionalidad de los proyectos que son sometidos a su consideración y aprobarlos o archivarlos según sea el caso. En el asunto que nos ocupa, las mayorías han hablado a través de sus representantes. En eso consiste la democracia representativa. En buena cuenta, lo que se pretende en este trance es acusar a la mayoría de ser mayoría y hacerlo patente por las vías –pacíficas, por cierto– que el ordenamiento legal vigente estipula. El “plan A” de quienes quieren cambiar la Constitución que rige al Perú para eliminar los estorbos que hoy les impiden ejercer el poder a sus anchas ha fracasado miserablemente porque es inconstitucional y esta pobremente formulado. Pero resulta que ahora esos mismos derrotados actores políticos intentan poner en práctica un “plan B” (o más bien “V”) con el que quieren procurarse a la fuerza lo que no pudieron conseguir a las malas. Ante eso, lo que nos corresponde es denunciarlo, y a la ciudadanía, impedirlo. Y una primera forma de hacerlo seria exigiéndole al régimen y especialmente a ese oscuro individuo que okupa ilegalmente Palacio, un deslinde con los devaneos violentistas de ese apologista del terror, pero como sabéis, nunca lo van a hacer porque Castillo y su banda delincuencial forman parte de esa misma lacra comunista que busca eternizarse en el poder a como dé lugar. Y ello, no hay que permitirlo. Del Congreso no se puede esperar nada, pero ¿Qué hay de las Fuerzas Armadas? ¿Hasta cuándo creen que van a estar a la expectativa? Hay que actuar ahora :( .
