Han transcurrido dos meses desde que Sendero Luminoso desatase una violenta asonada terrorista en el país andino, mientras el gobierno de una forma suicida se resiste a combatirlo con la firmeza que se requiere para acabar con quienes amenazan la supervivencia de la democracia. Al respecto, un interesante y descarnado artículo aparecido esta semana en The Economist, titulado Political turmoil is tearing Peru apart (La agitación política esta desgarrando al Perú), nos da la trágica visión que se observa desde el Reino Unido y que por cierto no es nada halagador - llegándolo a calificar de 'Estado híbrido' - el cual reproduzco en forma íntegra, traducido y entrecomillado ¿vale?: “Desde hace unas semanas gritos subversivos expresados a voz en cuello por grupos extremadamente violentos afines a Sendero Luminoso, una organización terrorista de tendencia marxista-leninista-maoista - y financiados tanto por el narcotráfico como por gobiernos izquierdistas de la región como Méjico, Bolivia y Colombia, así como ‘asesorado’ en labores de sabotaje y propaganda por agentes infiltrados en las protestas de Cuba y Venezuela - ha resonado por las calles de Lima y ciudades más grandes de Perú exigiendo la renuncia de la presidenta del país Dina Boluarte, quien asumió el cargo de manera legal y constitucional. Pero desde el 7 de diciembre, al menos 58 personas han muerto durante las protestas, 46 de ellas civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo. Esta claro que el Perú sufre una explosión de conflicto en las calles como la que vivió Chile en el 2019, Colombia en el 2021 y Ecuador el año pasado. Pero la peruana es especialmente violenta y peligrosa, ya que los grupos sediciosos han sido largamente preparados desde el irregular acceso al poder mediante el fraude del hoy encarcelado Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, el cual fracaso estrepitosamente y termino en prisión. Como pretexto de esta asonada terrorista se esgrime además el tema racial: la población indígena del país ha estado en desventaja durante mucho tiempo y aprovechando ese resentimiento, han sido colocados como carne de cañón al frente de la asonada, aleccionados por agentes extranjeros, quienes se aprovechan de su ignorancia para lograr sus perversos fines, buscando desestabilizar a como dé lugar a la frágil democracia peruana. Lo que está en juego es que si esta puede sobrevivir. La sociedad se ha vuelto tan polarizada que algunos hablan de ‘una guerra civil inminente’, lo cual es descabellado, ya que quienes protestan en realidad apenas son unos cuantos cientos de resentidos sociales - en un país de 33 millones - desperdigados a su vez en diversos frentes para dar una falsa sensación de que representan ‘a la mayoría de peruanos’, cuando ello no es así. Al menos algunas decenas de terroristas han muerto como resultado de sus acciones subversivas en el bloqueo de carreteras, muchos de ellos a manos de su propia gente que van armados y que sin embargo, culpan de ello a la policía, cuando estos tienen prohibido el uso de sus armas, por lo que se encuentran prácticamente indefensos frente al ataque de los subversivos. Una consecuencia de ello es que un policía fue quemado vivo, mientras que unos 580 de sus colegas resultaron heridos, algunos de gravedad. Una situación insólita y condenable que no se ve en otras partes del mundo y que es responsabilidad del gobierno peruano que cobardemente permite esas agresiones a las fuerzas del orden, prohibiéndoles que se defiendan. Y lo que es peor, no hay ningún detenido por esas acciones criminales. Entretanto, decenas de carreteras, especialmente en la sierra sur, aun siguen bloqueadas y varias minas grandes y el ferrocarril turístico a la ciudadela inca de Machu Picchu se encuentran cerrados. Asimismo, varios aeropuertos estuvieron fuera de servicio durante gran parte de enero al intentar ser tomados por los senderistas buscando evitar que llegue ayuda por vía aérea desde Lima. Debido a ello, los alimentos, la gasolina y el oxígeno para los hospitales se están agotando en algunas ciudades como Puerto Maldonado, ubicado en el oriente peruano y que prácticamente se encuentra aislada del resto del país, sometida al terror comunista como ‘una zona liberada’. Esta demás agregar que la intimidación de los viajeros y las empresas que desafían los controles de carretera y las órdenes de detener el trabajo bajo pena de muerte y quemar sus negocios está muy extendida. Según el Ministerio de Economía, el conflicto había costado alrededor de 625 millones de dólares en pérdida de producción a fines de enero, además de los daños a la infraestructura pública y las fábricas y granjas. En tanto, el centro de Lima tiene un aspecto fantasmal detrás de un cerco protector levantado por la policía; pero fuera de ella impera el caos. Casi todas las noches, los terroristas intentan llegar al edificio del Congreso para incendiarla, mientras atacan con palos afilados, piedras, hondas y cócteles molotov a la policía, que tienen prohibido responderles, soportando como pueden las agresiones de los subversivos. El desencadenante inmediato del conflicto que está arrasando el país fue el anuncio el 7 de diciembre de Pedro Castillo, quien temeroso de ser vacado por el Congreso en horas de la tarde de ese mismo día por corrupto y ladrón, busco adelantárseles, ordenado el cierre del Congreso y la toma del poder judicial para desaparecer todas las múltiples pruebas de corrupción acumuladas en su contra. Pero fracasó y fue arrestado en plena vía pública luego de una intensa persecución por las calles de Lima en su desesperado intento de asilarse en la embajada de Méjico. No cabe duda que quiso imitar el exitoso ‘autogolpe’ dado por Kenyo Fujimori en 1992, quien gobernó Perú como un autócrata hasta el 2000. Pero en una rápida maniobra, el Congreso votó inmediatamente para destituirlo por 101 votos a favor, seis en contra y diez abstenciones, y nombró como su sucesora a la Sra. Dina Boluarte, su vicepresidenta electa, cumpliendo estrictamente la norma constitucional. Pero Castillo y sus seguidores rápidamente transmitieron una narrativa alternativa en la que el perpetrador del golpe se convirtió en su ‘víctima’. Dirigente de un sindicato de maestros afiliado a un organismo de fachada de Sendero Luminoso y de ascendencia indígena, desde su llegada al poder Castillo lo hizo mal, nombrando más de 70 ministros diferentes con amplio prontuario delictivo, pocos de los cuales sobrevivieron más de unos pocos días, ya que el que nombraba era peor que el anterior. Según una documentada denuncia formulada por la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, él y su círculo eran integrantes de una mafia delincuencial instalada en el propio Palacio de Gobierno, apodada La Chota Nostra. Castillo colocó a muchos activistas de extrema izquierda mal calificados e integrantes de Sendero Luminoso en puestos estatales, que tenían la consigna de implosionar el Estado desde dentro para instaurar a continuación su ‘república popular de nueva democracia’. Cabe precisar que hasta su ignominioso final, Castillo conservó el apoyo de alrededor del 30% de los peruanos, principalmente andinos, que se identificaron con él. ‘El mundo rural es lejano, descuidado y tenían a un indio como ellos que lo reconocían como suyo’, dice Carolina Trivelli, exministra de Asuntos Sociales. ‘Era un inútil, corrupto, analfabeto, lo que quieras, pero era uno de ellos’. Ahora, según Alfredo Torres, un encuestador, debido a la labor de propaganda de agentes cubanos y venezolanos, los indios creen en su falsa afirmación de ‘victimismo’ y piensan en el colmo del ridículo, que Boluarte es una ‘usurpadora’ que se ha aliado con la derecha. Eso es repetido hasta el cansancio por aquellos presidentes de izquierda en América Latina, cuyos regímenes se han negado a reconocer a la Sra. Boluarte. Los peruanos ven esto como una intervención injustificada en los asuntos internos de su país, así como una traición a la democracia. No es de extrañar por ello que los terroristas quieren la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales inmediatas. Pero también quieren una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Y exigen además que Castillo sea liberado, no importándole que sea un golpista y un ladrón. Estas absurdas demandas reflejan y aceleran el colapso del sistema político en un país que durante gran parte de este siglo parecía una historia de éxito latinoamericano. En la década de 1980, como hoy, el Perú llegó a un punto muerto. Sufría hiperinflación, una recesión económica y la insurgencia terrorista de Sendero Luminoso, un grupo fundamentalista maoísta fundado en Ayacucho, ubicado en medio de los Andes. A los ojos de muchos, Fujimori rescató al país, aplastando a los terroristas. Sus políticas de libre mercado, reflejadas en una nueva Constitución en 1993, desencadenaron más de dos décadas de rápido crecimiento económico. El ingreso por persona aumentó a una tasa promedio anual de 3% entre 1990 y 2013, en comparación con un promedio latinoamericano de 1,7%. Mientras que alrededor del 55 % de los peruanos eran oficialmente pobres en 1992, en el 2014 esa proporción había caído al 23 %, la reducción más rápida de la región. Pero Fujimori, quien cumple una sentencia de prisión por abusos a los derechos humanos paradójicamente en la misma prisión donde se encuentra recluido Castillo, también sembró algunas de las semillas del malestar actual. Su régimen practicó el soborno y la corrupción para salirse con la suya. Despreciaba a los partidos políticos. Y de alguna manera debilitó al Estado. Si bien el crecimiento económico y las políticas de libre mercado continuaron bajo gobiernos democráticos desde el año 2000, la corrupción floreció y el sistema político decayó. Quienes gobernaron desde entonces están procesados por corrupción, llegando al extremo de suicidarse uno de ellos (Alan García) para no ir a prisión, mientras otro (Alejandro Toledo) se encuentra prófugo de la justicia. El resto (Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martin Vizcarra) terminarán en la cárcel apenas sean sentenciados. Lamentablemente, el crecimiento económico no fue acompañado por el desarrollo institucional. Tres cuartas partes de la fuerza laboral trabajan en la economía informal de empresas no registradas. En los últimos años, la actividad económica ilegal se ha expandido. Según Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, hasta 200.000 personas trabajan como mineros ilegales, principalmente de oro y cobre. Los negocios ilícitos, incluida la minería y el narcotráfico, generan al menos $ 7 mil millones al año (o el 3% del PIB), calcula. Otros ponen la cifra mucho más alta. A ello debemos agregar que la inestabilidad política se ha intensificado. Boluarte es la sexta presidenta desde el 2016. Ninguna ha tenido mayoría legislativa. El sistema de partidos se ha fracturado: los actuales 130 miembros del Congreso están repartidos entre una decena de remedos de ‘partidos’. Muchos de estos son administrados como negocios por los titulares de su registro legal. Para muchos peruanos el Estado es una presencia tenue. Con una economía informal tan grande “el papel de los partidos se vuelve irrelevante”, dice Carlos Meléndez, politólogo. Una descentralización mal diseñada ha ayudado a reproducir muchos de estos vicios a nivel regional. Los gobiernos locales carecen de personal capacitado. Entre 2019 y 2022, las administraciones regionales y municipales dejaron sin gastar alrededor de $ 10 mil millones de sus presupuestos de inversión, robando a su vez todo lo que pudieron, por lo que muchos están en prisión. Varios gobernadores regionales han sido elegidos además por empresas constructoras, en busca de contratos y negocios ilegales, según Meléndez. Las protestas reflejan este panorama. Ellos “expresan fatiga estructural con la política y la falta de respuestas del Estado” a los problemas de la población, dice Raúl Molina, asesor de Boluarte. Este cansancio es especialmente agudo entre la población principalmente indígena de las zonas rurales del sur de los Andes, que disfrutaron de menos beneficios del crecimiento económico y cuyas fincas sufrieron sequías y la falta de importación de fertilizantes por parte de Castillo el año pasado. La pandemia también aumentó el estrés económico entre los peruanos más pobres. La tasa de pobreza aumentó al 30% en el 2020 y fue del 26% en el 2021. Desde diciembre, la ira 'espontánea' ha dado paso cada vez más a la acción organizada y coordinada de una serie de fuerzas integrantes de organismos de fachada de Sendero Luminoso. Estos comienzan con los partidos de la izquierda marxista que respaldaron a Castillo y tienen vínculos con Cuba y Venezuela. También incluyen a los narcoterroristas del Movadef que controlan el negocio ilícito de la droga en la selva central del Perú, que se ha reorganizado como un partido de extrema izquierda y controla un sindicato de maestros al cual pertenece Castillo. Tiene presencia en Ayacucho y Puno en particular. Intentos coordinados de tomar aeropuertos en el sur del país han sido obra de Sendero Luminoso, admite Basombrío. Casi todas las muertes de los terroristas atribuidas a las fuerzas de seguridad se debieron a sus intentos de defender los aeropuertos de los subversivos. Para agravar la situación, la población aymara de Puno en el sur del Perú, comparte lazos culturales con la gente del altiplano boliviano y tienen ideas separatistas azuzadas desde Bolivia por Evo Morales, un expresidente boliviano de ascendencia aymara, acusado de pedófilo y con conocidos lazos con el narcotráfico, cuyos agentes han estado activos en el sur de Perú en la causa de Runasur, una organización que fundó en 2021 con el objetivo de ‘unir a los pueblos indígenas de América Latina’. Luego están los mineros ilegales, que están detrás de bloqueos de carreteras en varias áreas, incluida Madre de Dios en la Amazonía, y son quienes financian a quienes están detrás de los ataques incendiarios a 15 juzgados, 26 oficinas de la fiscalía y 47 estaciones de policía. ‘Quieren generar caos y desorden y usarlo para tomar el poder’, se quejó Boluarte de los manifestantes el 19 de enero. De hecho, esa ambición está detrás de la idea de una asamblea constituyente, un dispositivo utilizado por Morales y Hugo Chávez en Venezuela para obtener el poder absoluto, tomando el control del poder judicial y otras instituciones estatales. Hasta hace poco, pocos en Perú apoyaban su convocatoria. Ahora, las encuestas digitadas por sectores afines a los terroristas - los llamados caviares - muestran que crece el número de a quienes le gusta una asamblea de este tipo a pesar de que sea abiertamente inconstitucional. ‘Pero un referéndum sobre una asamblea constituyente sería muy peligroso’, afirmó Luis Miguel Castilla, ministro de Economía en un gobierno de centroizquierda del 2011 al 2014. La economía se recuperó de la pandemia a pesar de la nefasta gestión de Castillo, porque la Constitución ‘impuso muchos candados para contener su populismo’ aseveró. Es indudable que la actual asonada terrorista es avivada por los errores garrafales de la Sra. Boluarte que se niega a declarar el Estado de sitio y sacar a los militares para imponer el orden. Los terroristas se han envalentonado por su indecisión y de allí que la violencia no cese. El gobierno dice que la policía ‘tiene órdenes de no disparar’, mandándoles en forma suicida al sacrificio, lo cual es intolerable. El Estado tiene la obligación de defenderse de quienes amenazan su existencia y si por cobardía de quien lo gobierna no lo hace, está condenado. Boluarte es originaria de Apurímac - ubicada en los Andes Centrales - y a diferencia de Castillo, habla quechua, el principal idioma indígena. Fue funcionaria de nivel medio y es una neófita política. Ha designado algunos ministros competentes, pero ha cometido otros errores. ‘El gobierno está perdiendo la batalla de las comunicaciones debido a que no muestra firmeza en sus decisiones’, agrega Castilla. Se dice que una elección anticipada pareciera ser la única salida, pero el Congreso, cuyos miembros disfrutan de generosos salarios y grandes beneficios, se niegan a perder sus privilegios y el gobierno intenta presionarlos, pero poco o nada puede hacer para que aprueben el adelanto de los comicios. La reforma constitucional necesaria debería haber aprobada en primera lectura antes del 14 de febrero, pero ello no ha ocurrido y su discusión ha sido aplazado para agosto. Entretanto, la izquierda insiste en vincular la elección a una ilegal asamblea constituyente, mientras los conservadores quieren elecciones el próximo año para tener tiempo para realizar reformas políticas para que dentro de poco no se repita el mismo escenario. Nadie quiere ceder en sus posiciones. Tocan el violín mientras el Perú arde” puntualiza la nota. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
