No cabe ninguna duda que los parásitos caviares continúan con su labor obstruccionista en el país andino y una muestra de ello es lo que sucede en el Poder Judicial, donde de una manera por lo demás sospechosa y con el pretexto que el juez designado no se da abasto “con tantos casos que tiene a su cargo”, el inicio del juicio al delincuente terrorista Pedro Castillo y sus secuaces del fracasado golpe de Estado del 7 de diciembre del 2021 no tiene cuando iniciarse y lo están alargando ad infinitum. ¿A que están esperando? ¿A que se cumpla el plazo y al no ser enjuiciados, quedar en libertad? ¿Ese es su plan? Sucede que el pasado 12 de enero, la fiscalía presentó ante formalmente ante el Poder Judicial la acusación por el caso del golpe de Estado orquestado por Castillo. En el documento, se pidió una condena de 34 años de prisión para el burro chotano, 25 años para sus secuaces, los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, y 15 años para Aníbal Torres. Con ello, se esperaba que el Poder Judicial dé inicio en las semanas siguientes al control de acusación, la fase previa eventual juicio por el caso. Sin embargo, han pasado tres meses y aún no se convoca a audiencia. La acusación, en otros términos, se ha estancado. En ese escenario, el juicio a Castillo y su gavilla delincuencial por el golpe de Estado, donde se debe definir sus responsabilidades sobre los hechos del 7 de diciembre y recibir la máxima condena posible por su pérfida acción, todavía está lejos. En paralelo, su orden de prisión preventiva por este caso vencerá a mediados de junio próximo, aunque la fiscalía podría solicitar antes una prórroga de la medida. La acusación fiscal fue firmada el 15 de diciembre del 2023 por Uriel Terán, entonces titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios. Fue un equipo de ese despacho el que llevó adelante la indagación del caso durante el año previo, bajo la supervisión de Terán. Sin embargo, Terán fue removido al día siguiente como parte de los cambios en el Ministerio Público posteriores a la destitución de Patricia Benavides. De hecho, firmar la acusación fue uno de sus últimos actos al frente de esa fiscalía. En su lugar, el actual fiscal de la Nación, el caviaron Juan Carlos Villena, nombró a Alcides Chinchay, quien venía desempeñándose como adjunto en ese despacho. Ya durante la gestión de este último, el Ministerio Público remitió el 12 de enero el requerimiento acusatorio y toda la carpeta fiscal del caso al Juzgado Supremo de Investigación de Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checkley. Ello consta en una resolución de dicho juzgado. Recién a los tres días, la fiscalía informó públicamente sobre la acusación presentada contra Castillo y las penas requeridas contra él y resto de procesados. En los días siguientes, se dieron detalles del requerimiento, como la identificación de Castillo, Torres y Chávez como los autores del discurso golpista. Como sabéis, cuando la fiscalía presenta una acusación a un juez, lo que corresponde es que este la notifique a los procesados y a la procuraduría. Además, se les da un plazo de diez días para que presenten sus observaciones al requerimiento. Estas incluyen observaciones de forma, recursos para archivar el caso y las pruebas de la defensa para un eventual juicio. “Las partes absuelven en el término de 10 días. A partir del vencimiento, el juzgado tiene entre 5 y 20 días para convocar a audiencia de control de acusación”, indicó la penalista Sophia Icaza, del Estudio Linares. La abogada añadió que la audiencia de control de acusación es “inaplazable”. En el control de acusación, que puede extenderse por varias audiencias y no tiene un plazo definido duración, se determina si se cumplen todos los requisitos y condiciones para que el caso avance a juicio. En el caso del golpe de Estado, el juez Juan Carlos Checkley emitió su resolución para notificar la acusación y dar el plazo de diez días el pasado 5 de febrero. Con ello, el plazo de las defensas vencía el 15 de febrero. En los días siguientes, Pedro Castillo solicitó al juzgado que el plazo no sea de diez días, sino de 30 días hábiles. Argumentó que el tiempo no era suficiente para revisar las más de 900 páginas de la acusación y las 15 mil de sus anexos. Por entonces, el golpista acaba de cambiar a su abogado Eduardo Pachas por uno nuevo, que recién iba a conocer el caso. Por su parte, la defensa de Aníbal Torres pidió al juez que se notifique la acusación “de forma completa y ordenada”; mientras que la defensa de Betssy Chávez solicitó que se le vuelve a notificar el requerimiento de forma física y virtual. En respuesta, el juzgado emitió una nueva resolución con fecha del 16 de febrero. Allí se informó que, por su extensión, la acusación fue notificada de forma electrónica a las defensas el 6 y el 7 de eses mes, pero que estas advirtieron que el documento “se encontraba incompleto y desordenado”. “Por la cantidad de los recaudos, la notificación demoró dos días, no soportando el sistema SIJ (Sistema Integrado Judicial) del Poder Judicial un solo envió y es el propio sistema que envía en diferente orden aleatoria, haciendo la precisión que se notificó de manera completa con foliación correlativa”, indica la resolución. Por ello y por la extensión de los documentos, el juez Checkley consideró “razonable” dejar sin efecto el plazo original y disponer la notificación de la acusación y sus anexos a través de un CD con documentos en formato PDF. No obstante, rechazó el pedido de Castillo para que se amplíe a 30 días. Finalmente, el juez dispuso que las defensas fueran a poder concurrir a su despacho en el Palacio de Justicia para recoger los CD con la acusación y sus anexos, como máximo hasta el viernes 23 de febrero. El plazo posterior de 10 días para presentar las observaciones iba a contarse, precisó, desde el día siguiente de esa nueva notificación. A la fecha, ese plazo expiró y el juez Juan Carlos Checkley aún no ha convocado a la audiencia de control de acusación. En total, el pasado 12 de abril se cumplió tres meses de que la fiscalía presentó el requerimiento del Poder Judicial. Wilfredo Robles, abogado de Castillo, dijo que ellos cumplieron con presentar sus observaciones “como todas las demás defensas”. Respecto al inicio del control de acusación, confirmó que aún no se ha programado y que “estamos a la espera”. Fuentes ligadas al caso señalaron que, en efecto, los plazos se han vencido y las defensas ya presentaron sus observaciones, pero el control de acusación aún no se programa. Ello se debe, comentaron a modo de excusa, a la complejidad del caso, limitaciones de personal y a la alta carga del juzgado de Checkley, quien es el único juez de la Corte Suprema que tramita todos los casos de altos funcionarios (ministros, congresistas, jueces supremos y fiscales supremos) que están en etapa de investigación y en control de acusación. El juzgado de Checkley tiene a su cargo, por ejemplo, otros casos del propio Pedro Castillo por múltiples actos de corrupción y ser cabecilla de una organización criminal; los del lagarto Martín Vizcarra (Caso Swing e Intocables de la Corrupción); y de varios congresistas de Acción Popular. También los de la destituida fiscal Patricia Benavides y distintas carpetas del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’. Esto es una muestra de un gran problema existente en el sistema de justicia peruano: las demoras que enfrenta una acusación desde que se presenta ante el PJ hasta que llega a un juicio y una sentencia. La carga procesal es un problema, lo voluminoso de los expedientes es otro. Todo esto lleva a que termine en un estancamiento, y los acusados sigan sin ser procesados. Una alternativa para aliviar la carga del juzgado que tiene el caso del golpe de Estado, es que la Corte Suprema cree un segundo juzgado supremo de Investigación Preparatoria y allí derive los demás, dejando a Checkley que se encargue exclusivamente del caso de Castillo por ser el más importante, ya que debido a la gravedad de sus delitos, sería condenado a 34 años de prisión. Pero el tiempo va pasando, los plazos van cumpliéndose y no hay avance alguno del proceso para que se inicie el juicio cuanto antes y ese miserable reciba el castigo que merece al igual que sus cómplices de la intentona golpista... Como se nota la mano caviar en ello.
