Como sabéis, hace unas semanas atrás, llamábamos la atención sobre el hecho de que, pese a que la legislatura estaba por acabar, en el Congreso llevaban 15 meses sin programar el debate y la votación de un proyecto de reforma constitucional que buscaba apartar a quienes hayan sido condenados por delitos graves de la posibilidad de que sus rostros aparezcan en las cartillas de los próximos procesos electorales. Dicha propuesta, finalmente, se discutió el pasado jueves 13 - aunque sobre una versión con varios recortes arteramente realizados - y el resultado fue el peor posible (para el país, se entiende): no se votó y, por ende, las puertas para quienes han probado no tener respeto alguno por la vida ajena, el Estado y la democracia seguirán abiertas de par en par. El dictamen en cuestión buscaba reformar la Carta Magna para prohibir que quienes fueron sentenciados por - entre otros delitos - terrorismo, narcotráfico, violación sexual, colusión, peculado, corrupción, homicidio, trata de personas, secuestro y traición a la patria puedan o bien postular a cargos de elección popular o bien ser designados en cargos de confianza en el Estado, hasta por diez años luego de haber sido rehabilitados. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), presentó sorpresivamente una nueva versión del texto, dejando afuera los de violación sexual, colusión, corrupción, trata de personas, homicidio y secuestro. Los recortes no son casuales. Todos los peruanos saben que los delitos por los que hasta el año pasado Kenyo Fujimori se encontraba recluido en el penal de Barbadillo eran homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves. Y el hecho de que haya recobrado su libertad sobre la base de un polémico indulto humanitario no borra el hecho de que fue sentenciado en sede judicial. Por lo que las groseras ediciones de la legisladora Moyano están hechas a la medida del líder histórico de su partido para que pueda presentarse como candidato. Peor fueron las explicaciones que dieron los fujimoristas para ‘justificar’ que unos delitos quedaran afuera de la reforma, mientras que otros se mantuvieran. Allí está la parlamentaria Patricia Juárez que, luego de explicar que no resultaba factible incorporar todo el Código Penal a las restricciones, remató afirmando que era razonable incluir solo aquellos delitos que “atentan contra el orden democrático”. La izquierda, por su parte, ha demostrado en los hechos que sus conversaciones con Antauro Humala (adicto a la marihuana y despreciable asesino de policías en Andahuaylas en el 2005), para una posible alianza electoral son algo más que mera retórica. Así, Roberto Sánchez, presidente del partido Juntos por el Perú, afirmó que no apoyaría jamás “normas arbitrarias que busquen limitar el derecho de la ciudadanía y de las mayorías a elegir en libertad”. Una fórmula nada discreta de justificar su vergonzoso pacto con ese psicópata quien en el pasado se rebeló contra un gobierno democrático. Su colega de bancada, Víctor Cutipa, también se mostró en contra de la propuesta, señalando que esta debía hacerse “a través de una asamblea constituyente”. Una manera de decir que no se vote nunca. Esta reforma tiene un antecedente que vale la pena mencionar. Como se recuerda, en el 2018, el Congreso cambió la ley orgánica de elecciones y otras para proscribir la posibilidad de que las personas condenadas por terrorismo, apología del terrorismo, narcotráfico, violación sexual, colusión, peculado o corrupción puedan ser presidentes, vicepresidentes, congresistas, parlamentarios andinos, gobernadores regionales y hasta alcaldes, “aun cuando hubieran sido rehabilitadas”. Esta última parte de la ley, sin embargo, fue declarada inconstitucional por el TC en noviembre del 2022 - que en ese momento se encontraba en manos de los caviares - bajo el falaz argumento de que vetar la participación política de los condenados que ya han cumplido sus penas “contraviene el derecho de reincorporación a la sociedad” reconocido en la Carta Magna. Sin embargo, los legisladores actuales optarían por una reforma constitucional para evitar que la ley acabe como su predecesora y para, de paso, honrar también parte del espíritu que inspiró el mencionado fallo del TC. No olvidemos, por último, que desde el 2020 ya están impedidos de postular todos los condenados en primera instancia por la comisión de delitos dolosos. Sin embargo, como mencionábamos líneas atrás, pese a que el dictamen fue aprobado en la Comisión de Constitución el 14 de marzo del 2023, sospechosamente no se debatía en el pleno. El pretexto dado era que “la demora se debía a que sus promotores no han conseguido los 87 votos que la iniciativa necesita para salir adelante”. Pero aquel razonamiento es ridículo. Esperar a tener asegurados los endoses necesarios podría llevar a que la ley en cuestión nunca se vote (más aun cuando necesita ser aprobada en dos legislaturas diferentes) y, con ello, que los peruanos deban ver, por ejemplo, cómo un asesino como Antauro Humala, que ventila sus intenciones electorales por donde quiera que pasa, se convierte en aspirante a un cargo público en los próximos comicios. Esto, además, habiendo constatado el nulo criterio mostrado por el Jurado Nacional de Elecciones al inscribir al partido de ese sucio drogadicto en el registro de organizaciones políticas unos meses atrás. Por lo pronto, la propuesta ha regresado a la Comisión de Constitución, pero, si consideramos que necesita ser aprobada en dos legislaturas distintas con 87 votos y que quedan menos de dos años para las próximas elecciones, es muy poco probable que la enmienda esté vigente cuando a los peruanos les toque volver a las urnas. Así se habrá perdido así la posibilidad de alejar a elementos criminales de las listas y sujetos prontuariados al frente de estas - algo que claramente los partidos no están interesados en hacer por sí mismos - y en el camino se habrá colocado en peligro nuevamente la institucionalidad democrática de un país, como si no se hubiera aprendido la lección de tener mediante el fraude a un golpista en Palacio. De esta manera, el fujimorismo y el antaurismo (cuyos líderes han sido condenados por delitos de sangre) van de la mano como hermanos en un aberrante pacto contra natura. Los peruanos están advertidos...
