Qué patético personaje resultó ser aquel impresentable sujeto que hoy ocupa el cargo de Defensor del Pueblo, que no hace honor a su nombre y que se ha quitado la careta colocándose del lado de un despreciable asesino de policías que busca destruir la institucionalidad democrática desde dentro y que lo proclama abiertamente en calles y plazas. Como recordareis, Josué Gutiérrez accedió de manera escandalosa al puesto gracias al infame pacto contranatura del fujicerronismo en el Congreso, y que además, fue activo asesor del hoy prófugo Vladimir Cerrón - cabecilla de esa organización filosenderista denominada Perú Libre - y que ha dado muestra de no tener interés alguno en defender los derechos constitucionales de la ciudadanía ante los abusos del poder político. Es decir, de hacer el trabajo que por Ley le corresponde. Gutiérrez ha proclamado su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de declarar ilegal la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) liderada por Antauro Humala, confeso consumidor de marihuana y condenado a 25 años de prisión por el asesinato de cuatro policías durante la asonada terrorista denominada el ‘andahuaylazo’ el 2009. Si vamos a hablar del “programa” de dicha organización extremista o de lo que esta “representa”, es imposible ignorar que se trata de una plataforma que ha cobijado un discurso violento, xenófobo, autoritario y contrario a los derechos humanos, esos que justamente la Defensoría del Pueblo debería proteger. Antauro Humala ha anunciado públicamente que de llegar al poder fusilaría a expresidentes, no respetaría los tratados internacionales suscritos por el Perú, haría tabla rasa de la separación de poderes, expropiaría los medios de comunicación y un largo etcétera. Y ha ido proclamando esas y otras sandeces con la complicidad del partido que de manera desvergonzada le hacía honor en el nombre. ¿O acaso ignora el Defensor del Pueblo que en dicha organización, además de Humala, estaban inscritos otros presos por el ‘andahuaylazo’ y personas que calificaban esta asonada que terminó con cuatro policías asesinados como “una gesta heroica” y de la cual afirman “no estar arrepentidos”?. Es explicable la posición de Gutiérrez: además de su notorio pasado perulibrista, se ha revelado que un hermano suyo, Agustín Gutiérrez Cóndor, es actualmente militante de ese partido. O sea que más que defender al pueblo, está defendiendo a sus correligionarios de Perú Libre - que lo auparon al cargo de la mano con el fujimorismo - y a su familia. Un flagrante conflicto de intereses que se suma a los cuestionamientos sobre su postura contra la decisión del Poder Judicial. Es más, Gutiérrez ha anunciado que la Defensoría presentará un informe “contundente y muy jurídico” sobre esa sentencia, que según él “vulnera los derechos fundamentales de sus militantes” (entre ellos, los de su hermano, le faltó añadir). Consultado sobre la postura de este funcionario, designado por el actual Congreso, ya el constitucionalista Enrique Ghersi la había calificado antes como claramente política. “Creo que lo del doctor Gutiérrez es un gesto político y está completamente equivocado. Tanto la Ley de Partidos Políticos como el Código Civil establecen que una asociación civil, en este caso un partido, no puede conformarse en contra de la Constitución. Y los planteamientos del partido, de su dirigencia y del señor Antauro, equivalen en cualquier caso a la violación de la Constitución y de la ley porque están proponiendo la destrucción del sistema democrático”, explicó el distinguido jurisconsulto. “El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, tendrá que explicar en el Congreso si es que el respaldo que ha dado en una declaración pública al disuelto partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) por acciones que violentan la democracia, lo hizo a título personal o a nombre de la entidad que representa; y, además, sobre el conflicto de intereses que tendría con esa agrupación luego de que se informara que su hermano Agustín Gutiérrez es militante antaurista” dijo por su parte el congresista de Renovación Popular, Esdras Medina. Este agregó que solicitará al presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, que Gutiérrez sea citado a una sesión extraordinaria, para que dé sus descargos, tal como lo hizo el viernes pasado la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, luego de que se revelara que se reunió con Antauro Humala. Por su parte, el vocero de la bancada de Honor y Democracia, José Cueto, señaló que su grupo parlamentario, a través de su representante en esa comisión, la congresista Gladys Echaíz, apoyara dicha citación. En tanto, el congresista de Fuerza Popular e integrante de la comisión, Vivian Olivos, rechazó la declaración de Gutiérrez, y recordó que si bien su grupo apoyó su nombramiento, a través de sus votos en el Pleno, esta vez respaldará el inicio de cualquier investigación en su contra en caso no reconozca su error. Estamos, así, ante un Defensor del Pueblo que calla, por ejemplo, ante crímenes tan abominables cometidos por las hordas senderistas durante la asonada que se desarrolló en el Perú tras la ignominiosa caída del régimen golpista del delincuente terrorista Pedro Castillo, donde asesinaron soldados y policías además de causar graves daños a la propiedad pública. De ello no dice nada, pero cuando se trata de ese asesino etnocacerista (quien no oculta además su admiración por Sendero Luminoso) ahí sí que le falta tiempo para salir en su defensa, demostrando su abierta complicidad con quienes son enemigos de la democracia. A propósito, la Comisión de Constitución aprobó el martes el dictamen de ley que prohíbe que puedan postular a cargos de elección popular las personas que tengan una sentencia condenatoria, emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por delitos de transgresión contra la democracia, como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, así como delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional (rebelión). El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, explicó que el referido proyecto de ley “establece una inhabilitación de 10 años” para que las personas sentenciadas por haber cometido delitos contra la democracia puedan postular a cargos de elección popular. Esos diez años de impedimento permanecerán luego de que la persona haya cumplido su condena y haya sido declarada rehabilitada por la administración de justicia, precisa la modificación del artículo 39-A del Código Penal, que es parte del texto aprobado en la referida comisión. El referido dictamen de ley alcanza a Antauro Humala, que continúa con su campaña electoral pese a que la Corte Suprema ha declarado, en primera instancia, la disolución de su partido por su conducta antidemocrática. También afecta al golpista y detenido Pedro Castillo, cuyo juicio está a punto de iniciarse, por lo que puede ser condenado a 35 años de prisión. “No se debe permitir partidos antidemocraticos. Hoy en la Comisión de Constitución se aprobó el dictamen para impedir esas candidaturas... No se debe permitir que gente que quiere destruir la democracia, use la democracia para sus protervos fines”, señaló Rospigliosi. El dictamen por ser de reforma constitucional tendrá que ser aprobado en dos legislaturas, y antes de la fecha en la que se convoca a las elecciones generales del 2026 para que pueda aplicarse en los siguientes comicios. Queda así en manos del Pleno que sentenciados por terrorismo, rebelión y otros delitos graves no postulen. Esperemos que este se realice en breve - los plazos se acortan - y además destituyan a Gutiérrez, ya que desprestigia a toda la institución que encabeza... A que no hay tiempo que perder.
